María Cristina Picón, junto a su esposo, el capitán Humberto Viola, y a sus hijas María Cristina (3 años) y María Fernanda (5), había sido víctima el 1 de diciembre de 1974 de una emboscada perpetrada por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), tras la cual fueron asesinados el militar y la menor de las nenas.
El ataque había ocurrido al mediodía, al frente de la casa paterna de Viola, en Ayacucho al 200 de San Miguel de Tucumán. El crimen estremeció a toda la sociedad argentina, al punto que para muchos funcionó como el disparador del "Operativo Independencia", decretado un par de meses después por el Gobierno de María Estela Martínez.
Como cabe esperar, aquel episodio signó toda la posterior vida de "Maby", que estaba embarazada de cinco meses de su tercera hija, Luciana, cuando recibieron la ráfaga de disparos.
Por este hecho, todos los 1 de diciembre, en Yerba Buena se hace un acto en memoria del capitán y de su hija Cristina. Están presentes siempre autoridades políticas, militares, eclesiásticas y, sobre todo, ciudadanos comunes, que siguen esperando todavía que la pequeña Cristina Viola y su padre Humberto tengan Justicia.
Quienes la conocieron sostienen que Picón de Viola nunca avaló las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, “ni nada que se le pareciera”. “Al contrario, ella siempre apoyó la causa por la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en los años 70. Fue una mujer que bregó por cerrar las heridas, no por mantenerlas abiertas; pero ella entendía que para eso era necesario que la Justicia también caiga para el otro lado", contó José Posse, historiador y amigo personal de Picón en una entrevista brindada a La Gaceta.
El juicio
En 1979 el juez federal Manlio Martínez (condenado, años más tarde, por su actuación como magistrado durante la dictadura) condenó a los autores del asesinato de Viola y de su pequeña hija: Francisco Antonio Carrizo y Fermín Ángel Núñez (reclusión perpetua), José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Miguel Emperador (prisión perpetua), y Rolando Oscar Figueroa (ocho años, por entonces tenía 14 años, por lo cual era inimputable).
El fallo fue confirmado por la Cámara a mediados de 1983 y por Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986. Los condenados iniciaron un largo recorrido legal para lograr su libertad. Recién en 1987, el ex juez federal Jorge Parache le otorgó la libertad condicional a Núñez. Sin embargo, en febrero de 1988 la Cámara de Apelaciones revoca la resolución, pero Núñez no regresa a prisión. En diciembre de ese año comienzan a recuperar su libertad mediante sentencias que no estaban firmes. Todo llegó a su fin cuando el presidente Carlos Saúl Menem les concedió el indulto. El único que cumplió toda la pena fue Figueroa.