El dr. Arturo Cuello explicó en LV12 por qué la modificación de la Ley de Glaciares podría afectar el sistema hídrico que abastece a Tucumán.
Este miércoles se tratará en el Congreso el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y, de aprobarse, quedaría lista para su promulgación por parte del Gobierno nacional.
En diálogo con LV12, el doctor Arturo Cuello, especialista en derecho ambiental y referente de Jóvenes por el Clima, analizó el proyecto de Ley de Glaciares que será debatido en la Cámara de Diputados y alertó sobre sus posibles consecuencias para Tucumán y la región.
“Lo que hace esta ley es proteger las reservas de agua que son los glaciares y los ambientes periglaciares, que cumplen una función estratégica en la regulación del clima y del ecosistema”, señaló.
El especialista remarcó que estos cuerpos no son solo grandes masas de hielo, sino también formaciones como rocas congeladas que cumplen un rol clave en el ciclo hídrico. “De los Nevados del Aconquija se nutre la cuenca del Salí-Dulce, que abastece a millones de personas en el NOA”, explicó, y agregó que cerca de tres millones de habitantes dependen directa o indirectamente de estos recursos.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la modificación en los criterios de protección. Según Cuello, la normativa vigente establece que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el encargado de identificar y proteger tanto los glaciares como las zonas periglaciares.
Sin embargo, la reforma propone transferir esa facultad a los gobiernos provinciales. “Se le quita competencia a un organismo científico para dársela a la administración política. Eso implica que ya no se protegerá todo de manera automática, sino que habrá que justificar caso por caso la importancia hídrica de cada zona”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que esta modificación abre la puerta a intereses económicos, especialmente vinculados a la minería. “Hay una tensión directa entre lo que la ciencia indica que debe protegerse y lo que los gobiernos pueden querer habilitar para el desarrollo económico”, explicó.
Cuello también señaló que no todas las provincias se verían beneficiadas de la misma manera. “Son pocas las que podrían obtener un rédito económico directo. Otras, como Tucumán, podrían verse afectadas por el impacto en las cuencas sin recibir beneficios concretos”, indicó.
Además, recordó que en Tucumán existe una legislación que prohíbe la minería a cielo abierto, lo que suma otro elemento al debate local.
Finalmente, el especialista remarcó la importancia de mantener criterios científicos en la toma de decisiones: “Cuando se traslada esta responsabilidad a la política, se corre el riesgo de priorizar intereses a corto plazo por sobre la protección ambiental y el acceso al agua”.
